La futura Ley de Telecomunicaciones liberalizará el sector, unificará el mercado y facilitará el establecimiento de redes

Elimina licencias y autorizaciones por parte de la administración de las telecomunicaciones para determinadas categorías de instalaciones que hacen uso del espectro.

El Anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones, que el Ministerio de Industria analiza con los representantes del sector, pretende que los operadores tengan más facilidad en el despliegue de sus redes y en la prestación de sus servicios, que redunde en la oferta de servicios con mayor cobertura, más innovadores y de mayor calidad, y en unas mejores condiciones de competitividad y productividad de la economía española. La futura norma persigue, como uno de sus principales objetivos, recuperar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, estableciendo procedimientos de coordinación y resolución de conflictos entre la legislación sectorial estatal y la legislación de las Administraciones territoriales dictada en el ejercicio de sus competencias que pueda afectar al despliegue de redes y a la prestación de servicios.

Para ello, incluye los mecanismos necesarios de cooperación y resolución de conflictos de manera que toda normativa elaborada por las Administraciones Públicas territoriales que pueda afectar al despliegue de redes respete los principios de agilización y reducción de cargas administrativas y sea objeto de informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previéndose la constitución una Comisión Bilateral para la resolución de posibles controversias. Se incluye además la normativa del marco comunitario de las comunicaciones electrónicas, pero sobre todo la Ley. Para facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, se procede a una simplificación administrativa, eliminando licencias y autorizaciones por parte de la administración de las telecomunicaciones para determinadas categorías de instalaciones que hacen uso del espectro.

En la misma línea se prevé una revisión de las licencias o autorizaciones por parte de las administraciones territoriales, eliminando su exigibilidad para determinadas instalaciones en propiedad privada o para la renovación tecnológica de las redes y se facilita el despliegue de las nuevas redes permitiendo el acceso a las redes de operadores de otros sectores como el del gas, la electricidad o el transporte en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y orientadas a costes. En esta misma línea de reducción de cargas administrativas, la Ley simplifica las obligaciones de información y tributación de los operadores, a los que únicamente se les podrá solicitar aquella información que no se encuentre ya en poder de las Autoridades Nacionales de Reglamentación, permitiéndoseles optar por un régimen especial simplificado de tributación a las entidades locales mediante un sistema de liquidación y gestión centralizados.

El régimen general de explotación de redes y prestación de servicios, que incluye el borrador de Anteproyecto, refleja la plena liberalización del sector. Por ello, la habilitación para la prestación y explotación de redes viene concedida con carácter general e inmediato se realizará con el único requisito de notificación a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que, siguiendo el nuevo reparto competencial que inspira el anteproyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional De los Mercados y de la Competencia, pasa a ocuparse del registro de operadores hasta ahora gestionado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. También deberán ser objeto de notificación los casos de autoprestación por Administraciones Públicas o entidades o sociedades que estas controlen directa o indirectamente. La ley establece limitaciones concretas para la instalación y explotación de redes y la prestación de servicios por las Administraciones Públicas, de modo que se eliminen las distorsiones a la competencia provocadas por la creciente participación de operadores públicos en el mercado de comunicaciones electrónicas.

De acuerdo con las Directivas comunitarias, la Ley se refiere a las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que en todo caso ejercerá aquellas relacionadas con la imposición de regulación ex ante en el marco de los procesos de análisis de mercados y con la resolución de conflictos entre operadores, regulando las obligaciones aplicables a los operadores con poder significativo en mercados de referencia.

El objeto la Ley no se limita a la regulación de las “comunicaciones electrónicas”, término que de acuerdo con las Directivas comunitarias engloba aspectos tales como la habilitación para actuar como operador, los derechos y obligaciones de operadores y usuarios, o el servicio universal, sino que aborda el entero régimen de las “telecomunicaciones” al que se refiere el artículo 149.1.21ª de la Constitución Española, regulando otras cuestiones como la instalación de equipos y sistemas, la interceptación legal de las telecomunicaciones, la conservación de datos o la evaluación de conformidad de equipos y aparatos, temas que a nivel comunitario son objeto de normativa específica.

La Ley excluye expresamente de su regulación los contenidos difundidos a través de medios audiovisuales, que constituyen parte del régimen de los medios de comunicación social, y que se caracterizan por ser transmitidos en un solo sentido de forma simultánea a una multiplicidad de usuarios. No obstante, las redes utilizadas como soporte de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva y los recursos asociados sí son parte integrante de las comunicaciones electrónicas reguladas en la presente norma legal. Igualmente se excluye de su regulación la prestación de servicios sobre las redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el transporte de señales a través de dichas redes. Estos últimos son objeto de regulación en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Finalmente, se refuerzan las potestades inspectoras, exigiendo la colaboración de los titulares de fincas o inmuebles en los que se ubiquen instalaciones de telecomunicaciones para la identificación de los titulares de dichas instalaciones, mejora la tipificación de infracciones, revisa la clasificación y cuantía de las sanciones, proporciona criterios para la determinación de la cuantía de la sanción, y facilita la adopción de medidas cautelares que podrán acordarse incluso antes de iniciar el expediente sancionador.

Fuente: Estic (Asociación Empresarial del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Comunitat Valenciana)

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